Informe de una delegación del Parlamento Europeo sobre la antigua colonia española
El mandato de la MINURSO, el contingente de Naciones Unidas, debe incluir "la supervisión de los derechos humanos" en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia). La mala racha que atraviesan los derechos humanos en esa región está "intrínsicamente vinculada a la imposibilidad de resolver, por ahora, la cuestión del ejercicio de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".
Tres años después del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y tres meses después de la ONG Human Rights Watch (HRW), el Parlamento Europeo también se pronuncia sobre esta antigua colonia de la que España se retiró en 1975. Aunque las formula con un lenguaje más matizado, sus conclusiones son similares. EL PAÍS ha tenido acceso al informe de esta delegación. (Ver documento adjunto).
En él lanza un llamamiento a la Unión Europea para que trabaje "a través de los Estados miembros que participan en el Consejo de Seguridad [Francia y Reino Unido]" para que MINURSO pueda supervisar los derechos humanos. A diferencia de otras fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, MINURSO carece de competencias en este ámbito.
Human Rights Watch ya se pronunció, el 19 de diciembre en Rabat, por una "ampliación del mandato de la MINURSO" que se desplegó en el territorio en 1991 para organizar un referéndum que los reparos de Marruecos no han permitido celebrar. En la primavera de 2006 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos consideraba ya "indispensable" que los derechos humanos sean observados de cerca, pero su informe no fue publicado a causa de las presiones de Francia, según fuentes de la ONU.
Bernardino León, "número dos" de la diplomacia española hasta abril pasado, abogó, en junio de 2005 en Rabat, porque MINURSO investigase el cumplimiento de los derechos humanos, pero tres años después el presidente José Luís Rodríguez Zapatero eludió contestar a una pregunta sobre el mismo tema durante una rueda de prensa con su homólogo marroquí, Abbas el Fassi. Naciones Unidas considera que España sigue ostentando la soberanía sobre el territorio.
La delegación ad-hoc del Parlamento Europeo para el Sáhara Occidental, que preside el ex ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Ioannis Kasoulides, empezó los trámites para desplazarse a la región a finales de 2005. Un año después pudo visitar Tinduf y tres años más tarde, a finales de enero pasado, viajó finalmente a El Aaiún, la capital del Sáhara controlado por Marruecos.
Además de Kasoulides tres eurodiputados formaban parte del grupo, Carlos Carnero (socialista español), Carlos Iturgaiz (del Partido Popular español) y Luca Romagnoli (italiano no inscrito). Sus interlocutores marroquíes "pusieron a disposición de la delegación todas las facilidades necesarias", pero a varios saharauis que debían entrevistar "las fuerzas del orden marroquíes les impidieron acceder al lugar de la reunión". Padecieron "intimidaciones y malos tratos" y uno fue incluso secuestrado durante una noche.
De los testimonios recibidos, la delegación constata que se han producido "violaciones recurrentes de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación". El funcionamiento de la justicia está además "sesgado" porque la legislación marroquí sanciona "los ataques contra la integridad territorial" que con frecuencia con meros pronunciamientos a favor de la independencia.
En consecuencia los eurodiputados piden a Marruecos que "suprima las sanciones en relación a los ataques contra la integridad territorial" y que las denuncias contra policías formuladas ante los tribunales por los independentistas sean tramitadas. Instan además a la representación de la Comisión Europea en Rabat a "enviar observadores a los juicios de militantes saharauis". Sugieren, por último, a Rabat que establezca un lugar en El Aaiún en el que las manifestaciones puedan celebrarse libremente.
El informe es menos critico con la situación de los campamentos controlados por el Frente Polisario que "se mostró extremadamente disponible" -Argelia, en cambio, rechazó cualquier contacto- hasta el punto de declararse dispuesto a acoger una delegación europea "cada tres o seis meses". Human Rights Watch y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos fueron también en su día menos severos con el movimiento independentista que con Marruecos.
"Las tensiones esporádicas observadas en los campamentos no son de extrañar ante las condiciones de vida extremadamente precarias" que allí imperan, señala la delegación. Estas condiciones penosas son, en parte, achacables a los dirigentes del Polisario que "temen que el desarrollo de las infraestructuras sea interpretado por la población saharaui como un manera de echar raíces y, en consecuencia, como una renuncia a la perspectiva de regresar a su país".
El principal reproche que formulan los eurodiputados al Polisario concierne también "al mundo judicial y carcelario (...) que siguen siendo muy opacos". "Las modalidades de desarrollo de los juicios no están claras; surgen auténticas interrogaciones sobre el código penal utilizado o el respeto de los derechos de la defensa".
El mandato de la MINURSO, el contingente de Naciones Unidas, debe incluir "la supervisión de los derechos humanos" en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia). La mala racha que atraviesan los derechos humanos en esa región está "intrínsicamente vinculada a la imposibilidad de resolver, por ahora, la cuestión del ejercicio de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".
Tres años después del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y tres meses después de la ONG Human Rights Watch (HRW), el Parlamento Europeo también se pronuncia sobre esta antigua colonia de la que España se retiró en 1975. Aunque las formula con un lenguaje más matizado, sus conclusiones son similares. EL PAÍS ha tenido acceso al informe de esta delegación. (Ver documento adjunto).
En él lanza un llamamiento a la Unión Europea para que trabaje "a través de los Estados miembros que participan en el Consejo de Seguridad [Francia y Reino Unido]" para que MINURSO pueda supervisar los derechos humanos. A diferencia de otras fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, MINURSO carece de competencias en este ámbito.
Human Rights Watch ya se pronunció, el 19 de diciembre en Rabat, por una "ampliación del mandato de la MINURSO" que se desplegó en el territorio en 1991 para organizar un referéndum que los reparos de Marruecos no han permitido celebrar. En la primavera de 2006 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos consideraba ya "indispensable" que los derechos humanos sean observados de cerca, pero su informe no fue publicado a causa de las presiones de Francia, según fuentes de la ONU.
Bernardino León, "número dos" de la diplomacia española hasta abril pasado, abogó, en junio de 2005 en Rabat, porque MINURSO investigase el cumplimiento de los derechos humanos, pero tres años después el presidente José Luís Rodríguez Zapatero eludió contestar a una pregunta sobre el mismo tema durante una rueda de prensa con su homólogo marroquí, Abbas el Fassi. Naciones Unidas considera que España sigue ostentando la soberanía sobre el territorio.
La delegación ad-hoc del Parlamento Europeo para el Sáhara Occidental, que preside el ex ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Ioannis Kasoulides, empezó los trámites para desplazarse a la región a finales de 2005. Un año después pudo visitar Tinduf y tres años más tarde, a finales de enero pasado, viajó finalmente a El Aaiún, la capital del Sáhara controlado por Marruecos.
Además de Kasoulides tres eurodiputados formaban parte del grupo, Carlos Carnero (socialista español), Carlos Iturgaiz (del Partido Popular español) y Luca Romagnoli (italiano no inscrito). Sus interlocutores marroquíes "pusieron a disposición de la delegación todas las facilidades necesarias", pero a varios saharauis que debían entrevistar "las fuerzas del orden marroquíes les impidieron acceder al lugar de la reunión". Padecieron "intimidaciones y malos tratos" y uno fue incluso secuestrado durante una noche.
De los testimonios recibidos, la delegación constata que se han producido "violaciones recurrentes de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación". El funcionamiento de la justicia está además "sesgado" porque la legislación marroquí sanciona "los ataques contra la integridad territorial" que con frecuencia con meros pronunciamientos a favor de la independencia.
En consecuencia los eurodiputados piden a Marruecos que "suprima las sanciones en relación a los ataques contra la integridad territorial" y que las denuncias contra policías formuladas ante los tribunales por los independentistas sean tramitadas. Instan además a la representación de la Comisión Europea en Rabat a "enviar observadores a los juicios de militantes saharauis". Sugieren, por último, a Rabat que establezca un lugar en El Aaiún en el que las manifestaciones puedan celebrarse libremente.
El informe es menos critico con la situación de los campamentos controlados por el Frente Polisario que "se mostró extremadamente disponible" -Argelia, en cambio, rechazó cualquier contacto- hasta el punto de declararse dispuesto a acoger una delegación europea "cada tres o seis meses". Human Rights Watch y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos fueron también en su día menos severos con el movimiento independentista que con Marruecos.
"Las tensiones esporádicas observadas en los campamentos no son de extrañar ante las condiciones de vida extremadamente precarias" que allí imperan, señala la delegación. Estas condiciones penosas son, en parte, achacables a los dirigentes del Polisario que "temen que el desarrollo de las infraestructuras sea interpretado por la población saharaui como un manera de echar raíces y, en consecuencia, como una renuncia a la perspectiva de regresar a su país".
El principal reproche que formulan los eurodiputados al Polisario concierne también "al mundo judicial y carcelario (...) que siguen siendo muy opacos". "Las modalidades de desarrollo de los juicios no están claras; surgen auténticas interrogaciones sobre el código penal utilizado o el respeto de los derechos de la defensa".
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